La protección de los fondos públicos o del patrimonio del Estado es una de las funciones y responsabilidades fundamentales de cualquier gobierno. Estos recursos representan un derecho legítimo del pueblo sobre sus riquezas nacionales, constituyen un motor clave para el crecimiento económico del país, un socio activo en la construcción de la nación en todos sus sectores y el legado de las futuras generaciones. Por ello, los gobiernos promulgan leyes específicas que garanticen la protección del patrimonio público, leyes que evolucionan conforme se amplía el concepto de dinero público y sus diversas ramificaciones en distintos sectores y actividades.
La legislación destinada a proteger los fondos públicos está estrechamente vinculada con la regulación de los conflictos de interés, ya que estos constituyen uno de los principales factores de malversación y daño al erario. Por ello, se diseñan marcos jurídicos actualizados y vinculantes que impiden el perjuicio derivado de la superposición entre intereses públicos y privados.
El Sultanato de Omán concede gran importancia a la protección de los fondos públicos frente a cualquier forma de mal uso, apropiación indebida o manipulación. Para ello, ha establecido leyes y normativas específicas y ha creado instituciones encargadas del seguimiento y control del dinero público, implementando una serie de medidas encaminadas a su protección y preservación.
La Ley Fundamental del Estado establece que «los bienes públicos son inviolables, y corresponde al Estado protegerlos según lo estipule la ley». Por su parte, el artículo 67 establece que será la ley quien defina las disposiciones relativas a los asuntos financieros del Estado, incluida la fiscalización, la gestión del patrimonio público y las condiciones para su uso y disposición.
El Sultanato de Omán ha fortalecido su marco legal en esta materia con la promulgación de varias leyes importantes, entre ellas: la Ley de Control Financiero y Administrativo del Estado y la Ley de Protección de los Fondos Públicos y Prevención de Conflictos de Interés. Estas leyes contemplan normas, infracciones, obligaciones y prohibiciones relacionadas con la salvaguarda de los recursos públicos.